Una horrible sospecha y una cuestión de credibilidad

Una persona es detenida en un control acusada de pertenecer a ETA. Los que le han detenido dicen que portaba una pistola envuelta en papel de celofán. Registran su domicilio. Horas después el detenido es llevado al hospital y la doctora que le atiende extiende un parte más que preocupante. Tiene una costilla rota que afecta a un pulmón y, expurgando el lenguaje médico, una paliza más que regular en todo el cuerpo. La doctora refleja en el parte que el paciente refiere haber sido golpeado con puñetazos y patadas.
Los que le han detenido dicen que se resistió a la detención y tuvieron que emplear la fuerza, versión que algunos medios dan como cierta e incluso les sirve para titular la información, relegando la coletilla 'según fuentes policiales' al quinto o sexto párrafo. Los más próximos al detenido, en lo familiar, en lo político y en lo mediático, dan por hecho que ha sido torturado y recuerdan que hace unos días otro detenido denunció haber sido maltratado durante su estancia en comisaría sin que, por cierto, su denuncia tuviera la menor trascendencia periodística (salta a la vista) ni jurídica (que se sepa).
No hay un sólo ciudadano vasco que no haya experimentado al menos una vez en su vida, el paso por un control policial de carretera. El control en el que fue detenido el presunto activista de ETA puede parecer cualquier cosa menos rutinario o casual. Sobran más comentarios.
Estamos ante una horrible sospecha y está en juego la credibilidad de los que están obligados a tenerla por su condición de funcionarios públicos. El problema es que son tantos los antecedentes en contrario que resulta difícil confiar en que este caso se vaya a resolver con la claridad y la celeridad exigibles ante una sospecha tan grave. La integridad física de un detenido es responsabilidad de sus captores, al menos en los países civilizados. Que nadie lo olvide.

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