El consenso entre los dos partidos ha tenido la virtud de poner de acuerdo a todos los medios. Desde los de ultraderecha a los más proclives al gobierno. Han puesto el acento en unos u otros nombramientos, pero todos han coincidido en denunciar la politización extrema de la mayoría de los nuevos miembros del organismo, y por lo tanto, del organismo en sí. Hay para todo: desde una ex diputada del PNV, hasta una magistrada que mantuvo abierto el llamado caso del ácido bórico sólo porque en aquel momento le interesaba al PP que defendía la teoría de la conspiración en los atentados del 11-M, pasando por un consejero del Gobierno valenciano del PP o una ex secretaria de Estado de los tiempos de Felipe González.
Se repiten aquí y allá los titulares y los análisis denunciando esta politización del máximo órgano de los jueces, oscilando entre la sorpresa y la alarma, como si de verdad hubieran esperado otra cosa. No había tal, y lo sabían, pero la cosa está siendo tan descarada y se está llegando tan lejos, que el disimulo es imposible. Sólo espero que, al menos, cuando el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo dicten su próxima sentencia, no tengan la cara dura de proclamar la independencia del poder judicial que es base fundamental del Estado de derecho y de nuestra magnífica democracia, pasmo del mundo entero, etcétera, etcétera. Ni siquiera les pido que entonces saquen del archivo los titulares y los comentarios que publican hoy. Tampoco hay que exagerar
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