La ruta del chorizo

Dos históricos de CiU y de la política catalana, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, y el alcalde socialista de un emblemático municipio catalán, Bartomeu Muñoz, son los tres principales implicados en una trama de corrupción urbanística que ha destapado el inefable juez Garzón. La personalidad de los tres ha impactado a la opinión pública con más intensidad que en otros casos, más que el célebre Gurtel sin ir más lejos, donde los protagonistas, incluido el presidente valenciano Camps, son personajes a los que la querencia a la corrupción, como el valor en la antigua mili, se les supone; no hay más que verles la cara.
El escándalo ha desatado un terremoto en Catalunya, donde los partidos implicados, sobre todo el PSC, se han apresurado a anunciar que cortarán cabezas sin contemplaciones. No como otros, han añadido, incluso. Y eso que deberían estar escarmentados. Prenafeta, por ejemplo, ya dio nombre a otro asunto de corrupción allá por 1990. El "caso Prenafeta" se llamó a la habilidad con la que el susodicho supo compatibilizar sus cargos públicos con su actividad privada. También los nombres de Prenafeta y Alavedra aparecieron ligados al llamado caso Estivill, en honor de aquel juez a quien la justicia acabó apartando de la judicatura, en el caso de Port Aventura, en el caso Casinos, junto a Javier de la Rosa...CiU en pleno apogeo. Claro que entonces no se había legislado todavía sobre la financiación de partidos, y las incompatibilidades eran cosa de cuatro rojos que se la cogen con papel de fumar.
Bartomeu Muñoz es otro caso, digamos curioso. Hijo del último alcalde franquista de Santa Coloma, millonario gracias a los negocios de su padre, ha hecho toda su carrera en el socialismo hasta sustituir al frente de la alcaldía de Santa Coloma a un símbolo del PSC como Manuela de Madre. El hecho de ser el primer edil de un municipio del cinturón obrero no le impide vivir en un elegante barrio barcelonés, como corresponde a su fortuna personal. Cómo casa eso con el carnet socialista es pregunta que debe dirigirse a especialistas.
En los últimos dos años, la justicia ha ordenado la detención de dieciocho alcaldes. He aquí la relación como si fuera un capítulo de vidas ejemplares. De ellos, siete son del PP, cinco, del PSOE y el resto pertenece al capítulo de varios, independientes, no adscritos, tránsfugas, en fin todo el catálogo de seguidores de la doctrina Zaplana, aquel prohombre que anunció que se metía en política para ganar dinero.
Todos, o casi todos, ocuparon las alcaldías de municipios de la costa levantina, Andalucía y Canarias. No hace falta tener el olfato detectivesco de Pepe Carvalho para establecer una relación directa entre el ladrillo del promotor y el bolsillo del político.
También se han dado casos de políticos corruptos en otras esquinas del Patio de Monipodio, relacionadas con otras especialidades al margen del ladrillo, pero haciendo balance, no hace falta GPS para recorrer la ruta del chorizo.
Desde el advenimiento de la gloriosa transición, el goteo de políticos corruptos ha sido constante y, por temporadas, más que goteo ha sido escorrentía sin que ello haya alterado más que puntualmente la vida política del país. El paso entre trabajar en las cloacas para financiar fraudulentamente a su partido a seguir trabajando en el mismo sitio pero a beneficio propio, es demasiado corto y, demasiado fácil, para resistirse a la tentación.
Pero el, llamémosle hecho diferencial de este país, es la indiferencia con la que la ciudadanía asiste al hecho de la corrupción, renunciando al que debería ser previsible castigo en las urnas. Al contrario, chorizos king size como el difunto Gil vieron premiadas sus tropelías con mayorías absolutas al estilo de lo que ocurre en Italia con Berlusconi. No quisiera caer en el etnicismo, pero diría que esto obedece a algo genético porque no hay noticias de que estas cosas pasen en Islandia o en Noruega. No todos los políticos son corruptos, ni mucho menos, pero chorizos hay en todas partes; en unas más que en otras, eso sí.

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