Egunkaria: un juicio infame

Siete años después de su cierre, hoy ha empezado el juicio a Egunkaria, con cinco de sus directivos sentados en el banquillo de los acusados. Es un juicio infame que nunca se debió celebrar, es la secuela, ojalá que la última, de un periodo especialmente negro de la política española, de aquella época en la que bajo la presidencia de Aznar, la ideología de Mayor Oreja, la colaboración vergonzosa del PSOE y el eco de la mayoría de los medios de comunicación, se diseñó una estrategia de aniquilamiento de las reivindicaciones de la mayoría de los vascos, con el subterfugio de identificar su ideología y sus aspiraciones con ETA. Así cerraron primero Egin y Egin Irratia y poco después Egunkaria, el único diario editado íntegramente en euskera. Cerraron el diario y detuvieron a sus directivos bajo la acusación de estar financiados por y a las órdenes de ETA. Cerraron Egunkaria para buscar las pruebas que avalaran tal acusación. Lo máximo que encontraron fueron indicios de que, efectivamente, ETA había intentado hacerse con el control del periódico pero nunca lo consiguió. Más adelante, Egunkaria y sus directivos pasaron de ser financiados y dirigidos por ETA a ser financiadores de ETA a través de los ingresos del periódico. Tampoco de esta acusación se conoce evidencia alguna, sencillamente porque es mentira. Años después del cierre, de las detenciones, de la cárcel de los encausados, el fiscal concluyó que no había caso, que no había material para acusar a nadie de un delito de tanta gravedad como lo es el de pertenencia a banda armada. Ni esa decisión del fiscal, ni el antecedente del caso Botín, cuya causa fue sobreseída en su día al retirarse la acusación pública, fueron suficientes para detener la infamia. El juicio a Egunkaria siguió adelante con el único sustento de la acusación de la AVT y Dignidad y Justicia, dos organizaciones satélites de los verdaderos ideólogos que propiciaron este estado de cosas. Ya sentaron en el banquillo al lehendakari Ibarretxe y a Patxi López; a Atutxa y a dos miembros de la mesa del Parlamento vasco. Ahora, ya han conseguido que cinco personas lleven años con sus cuentas embargadas, con sus vidas anuladas, con sus familias en vilo.
No habría razón alguna para temer por la suerte de los encausados. Su libre absolución debería ser la conclusión de este atropello. Pero eso sería en condiciones normales y en un país normal. Lamentablemente, no es el caso. La absolución de los cinco encausados condenaría al escarnio a la Guardia Civil, que fabuló resmas de folios con razones tan sólidas como que es imposible que miles de ciudadanos puedan donar dinero a fondo perdido para editar un diario; al juez que instruyó tal fabulación y envió a la cárcel a los acusados; a los políticos que impulsaron todo aquello, ¿creían que no nos íbamos a atrever? retaron cuando cerraron Egin; a los voceros que proclamaron la verdad oficial por boca de ganso... demasiadas instituciones como para no inferir que el escarnecido sería el Estado autotitulado democrático. En el banquillo se sientan Otamendi, Uria, Auzmendi, Oleaga y Torrealdai, pero lo que se juzga en realidad es la calidad de la democracia de este Estado.

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